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Los múltiples conflictos con DOSUBA
El 18 de diciembre de 2022, el pueblo argentino olvidó sus problemas cotidianos y los enfrentamientos políticos debido a la obtención de la tan esperada “tercera estrella”: la selección finalmente había conseguido una nueva Copa del Mundo. En ese contexto la alegría desbordaba, pero un día después algunas personas tomarían una decisión que iba a amargar la fiesta.
DOSUBA es la obra social del personal que trabaja en la Universidad de Buenos Aires; y, a tono con la realidad del país, sufre problemas económicos desde hace años.
Los afiliados han reclamado anteriormente aumentos en los co-seguros y la caída masiva de los prestadores. (Actualmente, la cartilla de DOSUBA, se limita a cubrir Capital y el Gran Buenos Aires debido a que se encuentran suspendidos los convenios de reciprocidad de instituciones en el resto del país).
Los trabajadores del sector habían conseguido la posibilidad de mantener la misma obra social al jubilarse si cambiaban el tipo de afiliación a una no obligatoria y aportaban un 4,5% de sus haberes. Esta conquista histórica, fue eliminada a finales del año pasado, sin previo aviso, arruinando los planes de centenas de adultos mayores, que pensaban aprovechar esta oportunidad de continuar atendiéndose con los mismos profesionales luego de terminar su vida laboral activa. El Consejo Superior de la UBA aprobó, de forma unánime, la implementación de un nuevo reglamento de la obra social, que no sólo elimina esa opción, sino que también excluye a docentes ad-honorem (Más de 5 mil personas que dan clases gratis y, sin embargo, aportan a la obra social) y personal con licencia sin goce de sueldo.
Lógicamente esta situación desató el malestar de todos los afiliados, que hace años aportan un 9% de su sueldo bruto, entre el porcentaje dado por el empleador y el del empleado, sintiendose despreciados por los directivos. Los damnificados no se quedaron de brazos cruzados: difusiones por correo de distintas agrupaciones docentes informan a sus colegas lo que sucedió y comienzan los reclamos. Todos entienden que la obra social pueda tener problemas económicos, pero es incomprenisible por qué no se busca otra solución que no implique recortar en los que más necesitan la cobertura médica.
A través de petitorios a las autoridades, junta de firmas, movilizaciones , entre otros métodos, exigen la derogación de la resolución que aprobó el cambio de reglamentación (RESCS-2022-1859-UBA-REC) y la apertura de los libros, para conocer realmente el estado de situación económica de la obra social. Además, los trabajadores de la Casa de Estudios, solicitan el poder para elegir a los directores de DOSUBA, ya que sostienen que su propio sindicato, APUBA, está beneficiándose a costa de ellos.
“DOSUBA es de los trabajadores y al que no le gusta, se jode” se escucha fuerte y claro en cada movilización, ya sea frente al Rectorado o en la puerta de la obra social. Miembros de la Asociación Gremial Docente y otras agrupaciones de distintas facultades de la UBA se presentan para mostrar su descontento.
Las voces de Marcelo Bornand y Vanina Biasi, dos delegados de APUBA dentro de la Facultad de Sociales, representan a miles de voces que no se expresan porque no tienen impunidad o el conocimiento de las internas.
En una fuerte declaración, Vanina Biasi apuntó contra los decanos de distintas facultades (Guillermo Duran, Ana Arias y Graciela Morgade), que han firmado la aprobación del nuevo reglamento, declararon “no saber lo que estaban votando”. Según ella es mentira, “no es que no sabían sino que saben que es un tema complicado y trataron de ver si pasaba”. Finalizó marcando que ellos no han hecho nada para modificar esta realidad.
Marcelo Bornand confirmó que solicitaron los libros contables, para revisar qué sucedió con la administración de los fondos, pero que no les dieron acceso. “No hace falta hacer muchas cuentas para saber que son millones de pesos y eso se mantiene a puertas cerradas”, declaró.
Biasi mencionó que conoce muy bien a esta gente y que es “obvio” que han formado un sistema para beneficiar a amigos, manteniéndose todo a cuentas cerradas.
¿La crisis económica que atraviesa la obra social fue causada por la situación del país, o los fondos se están utilizando para favorecer intereses particulares en lugar de beneficiar a los afiliados? ¿El cambio de reglamento es legal y éticamente correcto? ¿Por qué no se entrega la información solicitada por los damnificados? Los docentes necesitan y merecen una respuesta, pero hasta ahora la única respuesta es el silencio.
Comisiones internas de APUBA apuntan contra la directiva del sindicato. “Nuestro gremio no nos apoya, entonces es más difícil todavía”, remarcó Valeria Acosta, empleada no docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales que forma parte de los autoconvocados.
La Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires, a través del secretario general Luciano Cagnacci, apoyó explícitamente la modificación del reglamento de afiliaciones, alegando que en otras obras sociales también ocurre y sin pensar que está excluyendo a las personas que más necesitan una buena cobertura médica, que son los adultos mayores.
Personal de la Universidad de Buenos Aires manifestándose frente al Rectorado
El equipo de abogados de “Amparando Salud” explica que la obra social de los docentes tiene un régimen particular. La Ley 23.890 modifica a la Ley de Obras Sociales (Ley 23.660) y excluye de las disposiciones de la ley de obras sociales “las correspondientes al Poder Judicial y de las Universidades Nacionales” (Art. 4). Esa es la razón por la cual en este caso se debe aplicar la Ley 24.741, que trata específicamente de las obras sociales universitarias.
El artículo 8, inciso b de esta ley dictamina el “aporte a cargo de los empleados del tres por ciento (3%) de su sueldo”. El recibo de haberes de una ayudante de segunda en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales confirma que a un docente se le descuenta un 3% mensual de su salario bruto por ser afiliado agente de DOSUBA.
La Ley de obras sociales universitarias, promulgada en 1996, garantiza “el derecho de los trabajadores universitarios a la libre elección de la obra social” según el Artículo 1.
Sin embargo, los afiliados de DOSUBA no pueden hacerlo. “Te obligan a permanecer aún cuando por ley podés optar por elegir otra obra social”, evidencia Daniel González, un trabajador disconforme, en un foro.
El artículo 5 de la Ley expresa: “Cada obra social se organizará de acuerdo a sus estatutos, debiendo estar integrado el Consejo Directivo con representantes de los docentes, no docentes afiliados y jubilados. Elegidos por voto directo y secreto de los mismos, y una representación del Consejo Superior de la universidad respectiva que contemple en forma igualitaria a los dos estamentos mencionados”.
El estatuto de la obra social de la Universidad de Buenos Aires fue aprobado por la Resolución del Consejo Superior N.º 1638/85 (es decir, 11 años antes de la aprobación de la ley). Si bien el artículo 10 de la norma indica que “Las obras sociales ,actualmente existentes, tendrán un lapso de doscientos setenta (270) días, a partir de la sanción de la presente, a efectos de adecuar estatutos, producir la integración de las nuevas autoridades conforme a los mismos y a lo determinado por esta ley”, parece que no hubo una actualización del mismo, ya que no hay datos que lo indiquen y esta versión es la que se encuentra publicada en el sitio oficial de la Universidad.
Aquí comienzan los conflictos entre las normas. El Estatuto de DOSUBA posee, al menos, un artículo que contradice a la legislación: su séptimo artículo determinaba que “Los Consejeros Titulares y Suplentes que representen al Sector Docente y No-Docente, serán designados por el Rector de la Universidad a propuesta de la entidad sindical de primer grado respectiva, con personería gremial, que tenga agrupado a los docentes y no-docentes de la Universidad”.
Entonces, según el estatuto de DOSUBA el Consejo Directivo de la obra social es elegido por el Rector, y según la ley para la conformación del Consejo los afiliados deben participar de una votación directa.
Los testimonios de Marcelo Bornand y Vanina Biasi en aquella manifestación se reproducen en la mente al leer el artículo 27 del Estatuto de DOSUBA. “Las resoluciones del Consejo de Administración podrán ser recurridas ante el Rector de la Universidad de Buenos Aires, por cualquiera de los miembros del Consejo de Administración o de la Sindicatura, o del personal afiliado a la Dirección de Obra Social que se siente perjudicado”, pero luego les niegan el acceso a la información. Por esta razón, piden que la obra social pase a ser administrada por sus afiliados elegidos democráticamente, como corresponde.
A un colega de Sandra Gasparini, profesora titular en la Facultad de Filosofía y Letras, le negaron la asistencia médica debido a la nueva resolución. Tras un recurso de amparo se resolvió que debían atenderlo como merece. Un caso similar llevó a cabo el abogado Ignacio Masoli. Esta medida es la que actualmente se utiliza para solucionar de manera provisoria los agravios que comete la obra social.
La obra social Unión Personal enfrentó un problema parecido hace unos meses, gracias a la presentación de un amparo colectivo, lograron que se dicte una medida cautelar para mantener las afiliaciones de los jubilados. Los docentes quizás puedan hacer lo mismo con DOSUBA.
Por lo pronto, la lucha de los damnificados han logrado que los Consejos Directivos de algunas Facultades cambien la postura y se pronuncien en defensa de los derechos de los trabajadores próximos a jubilarse, pidiendo la suspensión del reglamento que hace unos meses los decanos habían votado de forma unánime. Pareciera que realmente no eran conscientes de lo que decidían.